Ley 250 – Ejercicio 2028

I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado

II. Su estructura orgánica completa

III. Las facultades de cada área;

IV. Las metas y objetivos de las áreas de conformidad con sus programas operativos;

V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social

VI. El directorio de todas las personas servidoras públicas

VII. La remuneración bruta y neta de todas las personas servidoras públicas de base o de confianza

VIII. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente;

IX. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa;

X. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios

XI. La versión pública de las declaraciones patrimoniales de las personas servidoras públicas

XII. domicilio de la Unidad de Transparencia

XIII. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos

XIV. Los programas, subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio

XV. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza

XVI. La información curricular

XVII. El listado de personas servidoras públicas con sanciones administrativas

XVIII. Los servicios y trámites que ofrecen,

XIX. La información financiera sobre el presupuesto asignado

XX. La información relativa a la deuda pública

XXI. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial

XXII. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado

XXIII. El resultado de la dictaminación de los estados financieros

XXIV. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos

XXV. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados

XXVI. Los resultados de los procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza

XXVII. Los informes que generen de conformidad con las disposiciones jurídicas;

XXVIII. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones;

XXIX. Los informes de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero;

XXX. El Padrón de proveedores y contratistas en los sistemas habilitados para ello, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

XXXI. Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado;

XXXII. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad;

XXXIII. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos

XXXIV. Las resoluciones que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio;

XXXV. Los mecanismos de participación ciudadana;

XXXVI. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos;

XXXVII. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados;

XXXVIII. Las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados con recursos públicos;

XXXIX. Los estudios financiados con recursos públicos;

XL. El listado de personas jubiladas y pensionadas

XLI. Los ingresos recibidos por cualquier concepto

XLII. Las donaciones hechas a terceros en dinero o en especie;

XLIII. El catálogo de disposición y guía de archivo documental;

XLIV. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que, en su caso, emitan los consejos consultivos;

XLV. El listado de solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación

XLVI. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, y la que se encuentre prevista en otras disposiciones jurídicas aplicables.